Políticas públicas que apoyan las CELs
Las comunidades energéticas locales están transformando el panorama energético en España, ofreciendo una solución sostenible y participativa para la generación, consumo y almacenamiento de energía. Pero ¿cómo las regulaciones y políticas públicas están impulsando este modelo?
En este artículo vamos a desglosar de forma clara y práctica las políticas públicas y regulaciones que están facilitando el crecimiento de las Comunidades Energéticas Locales (CEL) en España y en Europa. Un cambio estructural que no solo transforma la forma de generar energía, sino que pone el poder en manos de las personas.
¿Qué son las Comunidades Energéticas Locales?
Antes de entrar en el marco normativo, es esencial entender qué es exactamente una Comunidad Energética Local.
Las CEL son organizaciones formadas por ciudadanos, pymes o entidades locales que se asocian para producir, consumir, almacenar y gestionar energía de origen renovable. Su principal objetivo no es el beneficio económico, sino generar impactos sociales, ambientales y energéticos positivos en el entorno donde operan.
Este modelo promueve la descentralización energética y fomenta la participación ciudadana en la transición hacia fuentes limpias de energía. En España, estas comunidades están reguladas bajo el marco del Real Decreto-Ley 5/2023, que define dos figuras clave:
- Comunidades de Energía Renovable (CER): Centradas en proyectos de generación, consumo y venta de energía renovable con un enfoque local.
- Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE): Más amplias en su alcance, incluyen actividades como distribución, almacenamiento y servicios de eficiencia energética.
Directivas clave
La normativa europea ha sido pionera en dar forma al concepto de comunidad energética. Especialmente dos directivas han sentado las bases:
- Directiva (UE) 2018/2001 sobre energías renovables (RED II): introduce por primera vez la figura de la «comunidad de energías renovables».
- Directiva (UE) 2019/944 sobre el mercado interior de la electricidad: define la «comunidad ciudadana de energía».
Ambas directivas obligan a los Estados miembros a crear marcos legales que faciliten la participación de las personas en el sistema energético, ya sea como productores, consumidores o gestores de energía.
Objetivo europeo: transición justa y descentralizada
La Unión Europea reconoce que una transición energética no será sostenible si no es inclusiva. Por eso, las políticas públicas de medio ambiente de la UE promueven activamente modelos descentralizados como las CEL, integrándolos en su Pacto Verde Europeo y en los planes de recuperación económica post-COVID.
Transposición en España: ¿cómo se ha adaptado esta normativa?
España ha ido incorporando poco a poco estas directivas europeas, aunque con cierto retraso. No obstante, ya existen avances significativos.
El marco jurídico actual en España
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Real Decreto-Ley 23/2020
Este decreto adapta las directivas europeas al contexto español y define las comunidades energéticas renovables y ciudadanas. Además, introduce medidas para facilitar su integración en el mercado eléctrico.
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Ley del Sector Eléctrico
Incluye disposiciones específicas para comunidades energéticas a través del Real Decreto-Ley 5/2023, promoviendo su desarrollo bajo principios de eficiencia y sostenibilidad.
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Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética
Esta ley establece objetivos ambiciosos para la descarbonización y fomenta modelos sostenibles como las comunidades energéticas.
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Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030
Vincula la transición energética con la lucha contra el cambio climático, integrando políticas públicas de medio ambiente con estrategias energéticas locales.

Políticas públicas de apoyo financiero y técnico
Más allá del marco legal, las políticas públicas también actúan facilitando recursos y acompañamiento para quienes quieren crear una comunidad energética.
Subvenciones y financiación
- Programa CE IMPLEMENTA (IDAE): ayudas directas para la creación de comunidades energéticas, especialmente en zonas rurales.
- Fondos Next Generation EU: parte de estos fondos se están destinando a proyectos de transición energética local.
- Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR): incluye líneas específicas para energía ciudadana.
Apoyo institucional
- IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía): ofrece asistencia técnica, formación y guías para promover las CEL.
- Oficinas de Transición Energética Local: comienzan a establecerse como puntos de información y apoyo para municipios y colectivos interesados.
¿Cómo pueden las políticas públicas de medio ambiente favorecer aún más a las CEL?
Las políticas públicas de medio ambiente no solo deben centrarse en mitigar el cambio climático, sino en transformar el modelo de producción y consumo de energía. Las CEL son una herramienta perfecta para ello.
Algunas recomendaciones para reforzar su impacto serían:
- Establecer bonificaciones fiscales locales para miembros de CEL.
- Incluir a las CEL en los planes de ordenación urbana como instrumentos estratégicos.
- Fomentar la educación energética desde los centros educativos.
Retos pendientes: Hacia una regulación más completa
A pesar del progreso significativo, aún existen desafíos regulatorios:
- Falta de un marco normativo completo: Aunque se han dado pasos importantes, es necesario consolidar una legislación integral que garantice la estabilidad jurídica para estas comunidades.
- Acceso igualitario al mercado eléctrico: Las comunidades deben competir en igualdad de condiciones con grandes actores del sector energético tradicional.
- Conciencia ciudadana: Aumentar el conocimiento público sobre los beneficios sociales, económicos y ambientales asociados a las comunidades energéticas es esencial para su expansión.
- Burocracia compleja: los trámites administrativos siguen siendo lentos y poco adaptados a proyectos ciudadanos.
Oportunidades de futuro: hacia un nuevo modelo energético
La buena noticia es que estamos en un momento clave. El interés por las comunidades energéticas crece, y la voluntad política —tanto europea como española— está alineada para apoyarlas.
Claves del futuro inmediato
Simplificación normativa
se espera una ley marco específica que clarifique todos los aspectos legales.
Mayor financiación estructural
se prevén fondos estables para consolidar las CEL como actores energéticos relevantes.
Digitalización y participación ciudadana
dos elementos que impulsarán una gestión más eficaz y democrática.
Conclusión: una oportunidad para democratizar la energía
Las Comunidades Energéticas Locales representan mucho más que una alternativa técnica al modelo energético tradicional. Son una forma de democratizar el acceso a la energía, empoderar a la ciudadanía y luchar activamente contra la crisis climática desde lo local.
Pero para que eso ocurra, no basta con la iniciativa de las personas: hacen falta políticas públicas valientes, coherentes y bien diseñadas que eliminen barreras, faciliten recursos y aseguren un marco estable para su desarrollo.
Ahora ya sabes qué regulaciones están en juego y qué papel tienen las políticas públicas de medio ambiente en esta transformación. El futuro energético será comunitario… o no será. ¿Te sumarías tú a una comunidad energética?
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